Scanners INDRA /JCE, cada vez más complejo

Los Scanners que fueron vendidos a la Junta Central Electoral (JCE) por la la empresa INDRA Sistemas, para las elecciones 2016 siguen creando revuelo. Tanto el informe de la Dirección de Informática de la JCE que declaran inservibles los equipos para uso en el futuro, como la intimación de la empresa INDRA a la Junta Central para les pague 14 millones de dólares adeudados, así como el sometimiento a la justicia que inició el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) contra el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario por la supuesta estafa en la compra y uso de los equipos tecnológicos utilizados por ese órgano en el escrutinio y transmisión de los resultados de las elecciones generales de 2016.
Fausto Rosario y Mery Lois Dorrejo analizan el desatino que fue la adquisición de estos scanners. Es reprochable que la institución no propició el correcto entrenamiento de los operadores al recibir los equipos a pocos meses de las elecciones del año 2016. Los cuestionamientos de la contratación de estos equipos se basan en que los scanners funcionaron parcialmente en el proceso transmisión de actas, lo mismo sucedió con el lector de huellas que ellos suplieron.

El caso se vuelve complejo ya que INDRA Sistemas recurrió a la embajada española en la República Dominicana para iniciar presión hacia la Junta Electoral, para que paguen la deuda que reclaman.

Todo sobre Odebrecht

Otro tema que comentan los periodistas es del caso Odebrecht del conocimiento de la audiencia de apelación en la Suprema Corte de Justicia. La Procuraduría General de la República solicitó imponer un año de prisión preventiva al empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, solicitando la anulación del fallo emitido por el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco.
Luego de emitido este programa, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazaron a unanimidad la apelación del Ministerio Público a la libertad bajo garantía económica a favor de acusados en los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para obtener contratas de obras en el Estado.
El tribunal presidido por Mirian Germán Brito e integrado por los magistrados Juan Hiroito Reyes, Esther Angelán Casasnova, Frank Soto Sánchez y Alejandro Moscoso Segarra, ratificó la medida de coerción de Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón.
Los magistrados se reservaron la lectura íntegra de la decisión para el 29 de noviembre a las 9:00 de la mañana.


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